Ahora que llevamos un tiempito con la Ley del Suelo caminando –por cierto, una magnífica herramienta jurídica para liquidar el patrimonio en el Suelo Rústico de las islas- y habiendo alcanzado ese punto de convencimiento de que esto no tiene solución, de que somos pocos, de que no hay un interés generalizado por el tema y de que cuatro ilusos no pueden actuar como unos galos sin poción mágica frente a las legiones romanas, porque las hostias duelen y porque perder de 40 una tras otra acaba con la moral de cualquiera, te sale la vena cabezona y te empeñas en seguir tratando de generar interés por estas cosas del patrimonio. Conclusión… volvemos a retomar el blog “Hablamos de Patrimonio en Tenerife”.
Y el objeto es abordar un asunto que parece esencial, y del que apenas se habla con la suficiente enjundia, más allá de críticas puntuales ante casos concretos (no vean la que se ha montado con la actuación en la Casa Miranda del Puerto de la Cruz). Es el de los criterios de intervención en el patrimonio, el de la manera que deberíamos acometer su rehabilitación, de forma que garanticemos la finalidad de ésta, que no es otra que la de conservar los inmuebles con la imagen y las características que le otorgan ese valor patrimonial.
De nada sirve batallar por la protección de nuestra arquitectura histórica, rural o urbana, si luego las intervenciones para conservarla o rehabilitarla conducen a una transformación drástica de los edificios, a un cambio en su fisonomía, que devalúa su imagen original y pervierte el sentido de la rehabilitación. Yo diría que es un tema de mucho interés, para el que existe poca información y bastante confusión. Llevará unas cuantas entradas.
Lo hemos hecho mal y el tiempo se acaba
Después de 22 años metido en este mundillo, con una etapa desde lo privado y una segunda desde lo público; tras haber analizado cientos de intervenciones en edificios con interés patrimonial; de comprobar los aciertos y desaciertos de estas actuaciones, y de observar cómo ha ido evolucionando y cambiando la imagen de nuestro patrimonio construido en todo este tiempo, llegas a dos conclusiones palmarias.
La primera, grave, es que, en buena parte, nos lo hemos cargado. No ya porque haya desaparecido aplastado por las palas, los planes generales, los proyectos y la especulación, que también… No… En realidad, este otro destrozo ha venido de la mano de un mecanismo más sutil, paradójico si se quiere, fundamentado en una voluntad bienintencionada de rehabilitar y de recuperar esos edificios históricos. Pero, lo cierto, es que nos lo hemos cargado. Basta con echar un vistazo al estado anterior, el original, y compararlo con el resultado final. Nada que ver. Nos hemos equivocado o, al menos, uno tiene esa desagradable impresión.
Se ha cumplido con la Ley (esto no tiene nada que ver con ilegalidades sino con criterios). Se ha seguido lo que dicen los documentos internacionales –las Cartas de Atenas, Venecia, Amsterdam, Cracovia y tantas otras-. Muchos de sus artífices se muestran orgullosos del resultado final, de haber podido devolver el uso a un inmueble que se estaba cayendo a pedazos, recuperando cubiertas y carpinterías, y añadiendo elementos modernos, necesarios para ese nuevo uso, en vidrio, hormigón, madera o acero cortén, tal y como mandan los cánones, las cartas internacionales y los criterios de intervención imperantes.
Tampoco ha sido una cuestión de unas Administraciones más permisivas que otras, ni de unos profesionales con mayor sensibilidad o rigor que otros. Aquí no se escapa nadie. Ni los promotores que intentan imponer sus necesidades, ni los arquitectos y aparejadores, que, con demasiada frecuencia, aplican una idea equivocada de la rehabilitación, ni los técnicos de la Administración, que durante años hemos dado el visto bueno a intervenciones muy poco respetuosas con el interés patrimonial del edificio y que sólo al hacer balance, al cabo del tiempo, llegas a la conclusión de que no era eso.
Es más un problema de criterios equivocados, de errores de concepto, que adviertes al cabo de los años viendo el panorama. Lo verificas en la manera en cómo se ha maltratado el patrimonio rural, especialmente en las rehabilitaciones con destino a establecimientos de turismo rural. Realizadas sin criterio alguno, sin asesoramiento de nadie y con una idea de lo que es la arquitectura tradicional más que alejada de la realidad. El resultado ha sido francamente espantoso, tanto como el de las rehabilitaciones acometidas por los dueños de otras edificaciones rurales que son usadas como vivienda o como segunda residencia, con una imagen final llena de tópicos, magadas, pegotes y toda suerte de tropelías, que han desfigurado esta arquitectura tan singular hasta reducirla, en la mayoría de los casos, a un pastiche que no hay por dónde cogerlo.
Pero el problema no es exclusivo del campo. En los núcleos urbanos llevamos un chorro de años ejecutando proyectos y autorizando intervenciones en los que ha primado el uso sobre cualquier otro condicionante. Se ha impuesto la idea de que lo importante es plegarse a las exigencias y a la voluntad de los dueños, de las entidades mercantiles y de los promotores en general. Y así, lo que hemos hecho es supeditar el valor patrimonial del inmueble al programa de necesidades del uso previsto, sacrificando elementos interesantes que no tenían cabida en ese nuevo uso y admitiendo modificaciones, a veces muy agresivas, con resultados muy aplaudidos, pero que nada tienen que ver con el patrimonio.

El afán por el uso supone la adición de tal cantidad de elementos nuevos que la arquitectura original se diluye
¿Y entonces?… Entonces llega la segunda conclusión. O damos un timonazo o nuestra arquitectura histórica se va al garete. Es ya cuestión de urgencia establecer unos criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico que puedan servir de guía para arquitectos, aparejadores, oficinas técnicas municipales, promotores y propietarios en general, y salvar así lo poco que nos va quedando. El tiempo se nos acaba. A la velocidad a la que se transforma esta isla son cada vez menos los ejemplos recuperables, muchos en un pésimo estado de conservación.
A los que desaparecen sin más, demolidos porque son incompatibles con el “desarrollo”, o por la falta de interés municipal en catalogarlos, o porque han llegado al límite de su resistencia física, hay que sumar los que se han “tocado” (lease rehabilitado) de manera irreversible, y que, en muchos casos, hubieran merecido un destino más digno –la muerte directa bajo la piqueta- antes que convertirlos en lo que son ahora mismo: un triste remedo de su pasado honorable.
Esta sangría, lenta y silenciosa, pero inexorable, exige, en mi opinión, unos nuevos criterios de intervención. Más rigurosos, más estrictos, con menos alegrías, aun a riesgo de que cualquier Tierno Galván local pueda argumentar que se trata de una postura muy fundamentalista.
Y no se ha hecho nada: la falta de pedagogía
No deja de ser curioso que, ni antes ni ahora y después de tantos años actuando sobre el patrimonio, a nadie se le haya ocurrido plasmar por escrito unos criterios de intervención aplicables a esta arquitectura histórica, así como a ese gran olvidado que es el patrimonio etnográfico de la isla. Ni Administraciones Públicas ni Universidad ni Colegio de Arquitectos ni CICOP ni a través de aventuras individuales. Poco, muy poco.
Reseñar el esfuerzo de la revista “Rincones del Atlántico”, con dos tomos dedicados a la arquitectura tradicional de las islas y algún artículo centrado en la rehabilitación de este patrimonio rural. Es un caso aislado, con calidad, sobre todo en los textos y en su fotografía, pero que, salvo en algún artículo, como el de Abel Herrera (“Re-habilitar lo rural: reflexiones”, Rincones del Atlántico nº 5), no se llega al fondo del problema, ni se efectúa una sistematización de criterios.
También podemos citar la labor del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), que organiza y publica un simposio anual sobre la materia. Entre una temática muy variada, algunos de sus artículos están referidos a los criterios a seguir en las intervenciones en patrimonio, pero sin llegar al rigor y la exhaustividad que el tema requiere, aunque puedan destacarse algunos artículos de mérito, más que nada por el debate que propician. La sensación que dan es que se quedan en la superficie, que no entran a saco.
En el caso del Colegio de Arquitectos de las Islas Occidentales, éste se ha limitado a organizar unas solitarias jornadas sobre patrimonio en 2015, con una temática diversa… Y nada más, al menos que uno haya tenido conocimiento. Sorprendente si se tiene en cuenta el protagonismo que el colectivo de arquitectos se atribuye –y que debe tener, sin duda, aunque desde luego no en exclusiva- respecto al diseño de una teoría sobre la intervención en los edificios históricos, pero que no se refleja en una labor de divulgación y de dar a conocer lo que piensan al respecto.
Tampoco la Universidad de La Laguna ha hecho mucho. La máxima institución académica, científica y educativa de Canarias –junto con la ULPGC- no se ha caracterizado por un activismo didáctico destacable en esta materia. Que uno sepa, ninguno de sus docentes se ha manifestado en forma de publicación en relación con el patrimonio y la manera de intervenir en él. Me gustaría que alguien me corrigiera en esto, pero…
Esa misma crítica –autocrítica, por la parte que toca- cabe hacerla a las Administraciones Públicas, en especial al Cabildo y también al Gobierno de Canarias. Por desgracia y a conciencia de ser injusto con algunos técnicos y político municipales que lo sienten y les preocupa –espero que lo perdonen-, la gran mayoría de Ayuntamientos, en el fondo, ven el patrimonio como un engorro, como una carga con la que deben lidiar y que grava la obtención de plusvalías, los negocios, el crecimiento económico y el desarrollo del municipio. Poca esperanza hay de que la cosa cambie y de que el asunto les interese o les preocupe lo más mínimo. Y si no, cuenten cuántos técnicos especializados existen en sus plantillas. Cervantes lo hubiera hecho sin problema.
El Gobierno de Canarias es la Administración más potente, pero la Ley no le da competencias concretas más allá de controlar todo el tema arqueológico. Precisamente por eso, hubiera estado bien que, de la misma manera que promueve la coordinación de especialistas para redactar una nueva ley, o para hacer un atlas de patrimonio inmaterial o para crear el centro de documentación del patrimonio canario, sacara tiempo y buscara personal para discutir, definir y publicar los criterios que deben aplicarse en las intervenciones en el patrimonio construido.
Lo del Cabildo no puede ser. Es la Administración que concentra una parte muy importante de las competencias en materia de patrimonio y es la que autoriza las obras en los BIC e informa –o informaba, hasta que salió la Ley del Suelo- las intervenciones en el patrimonio rural. Ya sólo por eso, deberíamos haber plasmado por escrito cómo entendemos que hay que actuar en los edificios históricos.
Pero no se ha hecho. La falta de personal o el exceso de trabajo en el día a día son buenas excusas, pero no valen ante una prioridad como ésta. Los criterios están en la cabeza y se explican a los propietarios y técnicos que vienen a informarse sobre cómo intervenir en una casa o a plantear proyectos y propuestas. Curioso… pocos, muy pocos preguntan. Se lanzan a diseñar –y pagar- proyectos sin haber consultado previamente, incluso a hacer obras que luego tienen que legalizar, sin saber la opinión de los que tienen que autorizar el proyecto o la legalización… Y claro, luego vienen las calenturas. Que si talibanes, que si intransigentes, que si yo creí que el “almendrado” y los porches eran patrimonio, que si ahora qué hago… Una detrás de otra.
En definitiva, ya sea por la dificultad para armar un texto coherente e inteligible, ya por un cierto desinterés general en la materia o por cualquier otro motivo que se escapa, la realidad es que se echa en falta que arquitectos, historiadores o especialistas en patrimonio en general se atrevan a pergeñar, de forma práctica, concreta y sin generalidades o exceso de carga teórica, unos criterios que orienten a los protagonistas sobre lo que debemos hacer para compaginar la conservación y el uso de los edificios históricos, así como para mantener la calidad patrimonial de nuestros conjuntos históricos, de la arquitectura rural y los bienes etnográficos.
Toca dar un pasito
Y como alguien tiene que atreverse y dar un pasito para avanzar en el debate, intentaremos armar en entradas sucesivas una reflexión basada en experiencias reales y con criterios concretos de cómo entendemos que se debe intervenir en el patrimonio. Antes de empezar, dos avisos.
El primero se refiere al punto de vista. Todo lo que viene a continuación está analizado y digerido desde una formación histórica y con una manera de entender el patrimonio que va más allá de su estricta calidad arquitectónica. Estos edificios y este legado tiene valor por lo que representan como testimonio de una época, de un momento histórico, de una manera de organizarse la sociedad y de unos condicionantes que marcaron la vida de todos los que nos precedieron en esta isla y donde la mayoría las pasó canutas.
Nada que ver con la perspectiva de muchos arquitectos o técnicos de la edificación. Lo he dicho ya alguna vez. Si algo he aprendido en todos estos años es que arquitectos y gentes de la historia tenemos, en general y salvo excepciones que las hay, una visión del patrimonio diametralmente opuesta. Para los primeros, más intervencionistas –va en sus genes profesionales-, lo importante es seguir usando el edificio y conservar lo básico, en ocasiones, lo muy básico.
Los segundos, tenemos una visión más conservadora (otros sacarían el diccionario de sinónimos y hablarían de visión fundamentalista, radical, talibán, extremista y así). Según nuestra opinión, las intervenciones deben ser más comedidas y la experiencia así lo demuestra. Y de eso van los criterios que se expondrán.
¿Quién tiene razón? Pues depende de quién conteste a esa pregunta. Yo me quedo con la frase de José María “Peridis” en El País hace relativamente poco. Este genial humorista y dibujante es también arquitecto y especialista en rehabilitación en patrimonio histórico. No tiene desperdicio:
El segundo aviso previo se refiere a la dificultad de establecer unos criterios de intervención universales. De la misma manera que la diversidad del patrimonio de la isla es considerable, la forma de intervenir en él puede responder a una casuística muy variada. Por este motivo, se pueden establecer principios genéricos de actuación, pero la solución concreta para cada caso será distinta atendiendo a sus características específicas. Intentaremos ver ejemplos, lo más variados posible.
Y, por último, un deseo. A todo aquél que lea las próximas entradas y le interese el tema, le pediría crítica… sin contemplaciones y que fomenten el debate. El Facebook y el hecho de ser escrito tira para atrás; a veces resulta tedioso contestar y comentar, pero estaría bien el esfuerzo.
Nos vemos en la siguiente entrada.